La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; su Secretario General, Ángel Pineda, y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entre otros funcionarios del Ministerio Público y el juez Fredy Orellana, mantendrán durante el 2025 su estatus de personajes que socavan la democracia en Guatemala, según lo acordó la Unión Europea.
Entre otras sanciones, los incluidos en la lista tienen prohibido el ingreso a los países que integran la Unión Europea, pero también podrían congelarles eventualmente las propiedades que posean en esos territorios.
Entre algunas de las acciones que se les reclama están el intentar evitar el traspaso del mando presidencial, anular la elecciones de 2023, emprender acciones judiciales contra todo aquel que les critica y criminalizar la acción periodísticas de varias personas de la prensa guatemalteca.
