Los ciudadanos se unen y aumentan la presión para que renuncie la fiscal general, el jefe de la FECI y el juez Orellana.
Conforme avanzan los días, el número de bloqueos aumenta en todo el territorio nacional. Hasta este lunes, los registros daban cuenta de poco más de 150 puntos bloqueadas en todo el país.
Marchas multitudinarias, un plantón permanente frente a la sede central del Ministerio Público y múltiples bloqueos de calles, puentes, bulevares y fronteras, entre otros puntos, caracterizan este movimiento social sin similitudes en las últimas décadas.
Los guatemaltecos se han unido para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. Además, la del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, Rafael Curruchiche y la del juez séptimo pluripersonal, Fredy Orellana.
Estos funcionarios son acusados por la población de atentar contra la democracia del país. También de violentar sus derechos político-electorales, por haber secuestrado las cajas que contienen las papeletas de los votos y las actas de las mesas receptoras de la segunda vuelta.
Las manifestaciones han sido pacíficas desde que se iniciaron. La convocatoria inicial fue de los líderes de los 48 cantones de Totonicapán. A ellos se unió la comunidad de autoridades ancestrales indígenas y luego una multitudinaria lista de agrupaciones sociales. Sin embargo, resulta curioso que surgieran algunos brotes de violencia. Estos se registran precisamente después de que el Ministro de Gobernación y la misma fiscal general emitieran sendos comunicados con videos que circularon en las redes sociales, advirtiendo que tendrían que actuar si los manifestantes incurrían en acciones bandálicas ilícitas.
Algunos dirigentes de las manifestaciones originales se atreven a sospechar que se trata de acciones motivadas por las instituciones estatales, con el propósito de dar la excusa necesaria para que intervenga la fuerza pública y desalojen a los manifestantes.
