El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) promovió un diálogo entre el Ministerio de Gobernación y líderes de la agrupación indígena 48 Cantones, el cual llevó a la liberación de de los accesos de personas y vehículos al edificio central del Ministerio Público.
Tras el fallo favorable de la Corte de Constitucionalidad a la solicitud del Ministerio Público para que se ordenara el desalojo de los manifestantes de enfrente de su sede, el Procurador de los Derechos Humanos convocó al Ministerio de Gobernación y líderes de la agrupación indígena 48 Cantones para encontrarle una salida a la crisis en que se ha convertido la negativa de la fiscal general para renunciar a su cargo.
Tras la exposición de los argumentos de por qué permanecen en un plantón frente al MP, los autoridades indígenas decidieron despejar el paso para el ingreso de trabajadores y usuarios de la institución, pero no retirarse del frontispicio del lugar. Para garantizar esta acción, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se han apostado frente al lugar y han colocado verjas metálicas para dejar un paso libre hacia el ingreso peatonal y el parqueo subterráneo de la entidad.
Aunque la CC fue clara en su fallo de ordenar un desalojo de aquellos que no se retiraran del lugar, el Ministerio de Gobernación explicó que el fondo del fallo era que solo se despejara el paso para facilitar el ingreso y egreso de personas al lugar.
Las autoridades de los 48 Cantones expusieron por su parte que solo se retirarían del lugar si así se los pidiera el pueblo de Guatemala que es a quien se deben. Además, aclararon que jamás han impedido el acceso al edificio del MP y que solo se han instalado en el lugar para exigir la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general; Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, y Fredy Orellana, juez séptimo de lo penal.
